Sobre Neutralidad Tecnológica en el Estado

En primer lugar debemos aclarar que no debemos confundir “Neutralidad de la Red” con “Neutralidad Tecnológica”.

La primera se relaciona a temas de conectividad y calidad de servicios prestados por proveedoras de acceso a Internet. La segunda (y es la que hablaremos), se refiere a la posición que adopta el Estado al momento de adquirir insumos y servicios tecnológicos y si debe existir o no preferencia (o mantener el status quo) hacia una u otra tecnología.

Y esta discusión ya comienza a ser iniciada por la ACTI (Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información), que, al igual que en la discusión del presupuesto nacional del año pasado, pero con bastante anticipación, está mandando cartas a los parlamentarios “informándoles” del porqué una glosa que se pudiera incluir relativo a la adquisición, especialmente de software para las diversas entidades de la administración pública, estableciendo necesidad de contar con una alternativa de software libre para que ellas finalmente opten, es perjudicial y discriminatorio (según ellos).

Así, tal como se observa en la carta que pueden descargar desde acá, enviada a un senador X hace muy poco, señalan que el Estado debe velar y operar bajo el principio de la Imparcialidad Tecnológica Informada en materia de adquisición de tecnología en el Sector Público.

De hecho hacen alusión a un informe realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, señalando finalmente que cualquier alusión al software libre como que en las contrataciones públicas se deba exigir un presupuesto que cuente con alternativa de software libre, sería perjudicial porque el Estado se alejaría de esta “Neutralidad Tecnológica”.

Mi opinión es que es IMPOSIBLE que exista neutralidad tecnológica porque siempre habrá preferencias por uno u otro software ya sea con licencia libre o cerrado. Así, estoy de acuerdo que frente a algunas soluciones es recomendable operar con software propietario porque no existe alternativa libre que sea similar o mejor (por ejemplo casos de AUTOCAD y similares).

Sin embargo, establecer necesidad de que exista en adjudicaciones públicas presupuestos que cuenten con alternativas de software libre OBVIAMENTE refuerza el principio de la Imparcialidad Tecnológica Informada, porque así las entidades de la administración, INFORMADAS tomarían la mejor decisión.

Sin embargo para la ACTI esto sería perjudicial porque “restaría agilidad a la contratación pública de software”. Creo sinceramente que con estos argumentos se pisan la cola, y en vez de llamar a una mayor transparencia en las adquisiciones públicas de software, en vez de informar y que se cumplan a cabalidad el principio de Imparcialidad Tecnológica Informada, buscan mantener un modelo de negocios exclusivo y excluyente.

Si tienen confianza en que sus aplicaciones son mejores a las alternativas del software libre, ¿Cuál es el miedo?

Veremos que dicen este año los parlamentarios y especialmente el gobierno.