Piratería de Software en Chile

Silenciona (pero no por eso poco notoria), han sido las noticias, comentarios, cartas al director e incluso editoriales de diarios que desde principio de año se han visto, sobre todo en prensa escrita, donde se hace referencia a los «altos índices de piratería» que presumiblemente existe en Chile.

Es una suerte de lobby comunicacional el que realizan orquestadamente diversas instituciones y personas representantes del mundo del software encabezadas por la Business Software Alliance (BSA), asociación que agrupa a las principales empresas de software en Chile y el mundo.

Para justificar sus ideas, se basan en un estudio solicitado y financiado por la propia BSA en donde se señalaría que específicamente en el caso de Chile, existiría un 67% de piratería (casi duplicando la tasa de países miembros de la OCDE que es de 35% presuntivamente) y esto significa que nuestro país (realmente no entiendo este dato), perdió 202 millones de dólares por piratería del software.

Sin embargo, lo que me pareció que rebalsa el vaso, fue la carta que envió a La Tercera Raúl Sapunar, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Software quien fue más allá y señaló que en Chile la Propiedad Intelectual no se encuentra debidamente resguardada, desconociéndose todo los avances realizado en esta materia.

He incluso termina señalando que «…el desafío para Chile es atacar el flagelo de la piratería desde todos los frentes, es decir, gobierno, sistema judicial, sistema educativo y empresas…»

Esto me motivó a contestarle por el mismo medio a Raúl y el día viernes 19 de febrero se publicó en la sección Cartas al Director de La Tercera, mi respuesta y punto de vista al respecto.

Mis palabras fueron:

Señor director:

Bastante desafortunadas fueron las palabras de Raúl Sapunar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Software, quien en esta sección y haciendo referencia a un editorial de La Tercera, señaló que la propiedad intelectual no se encuentra debidamente resguardada en nuestro país. Sus conclusiones se basan en un estudio -encargado por las empresas desarrolladoras de software-, que señala una presumible alta tasa de piratería de software en Chile.

Sapunar parece desconocer que, después de más de dos años de tramitación en el Congreso, la nueva reforma a la Ley de Propiedad Intelectual endureció aun más las penas relacionados con la piratería, sancionando incluso a quienes formen parte de una agrupación o reunión de personas para cometer dichos delitos, sin incurrir en los delitos de asociación ilícita.

Estamos de acuerdo con atacar el flagelo de la piratería, pero para eso existen otras alternativas: mejoramiento en la educación de los consumidores, fortalecimiento y promoción de software con código fuente abierto -más conocido como software libre-, y la aplicación efectiva del principio de neutralidad tecnológica, sobre todo a nivel de administración pública. Esto generaría un adecuado respeto a la propiedad intelectual de los autores, específicamente referido al software.

Pedro Huichalaf Roa

Y no cabe duda que la piratería (concepto acuñado por la industria) es un hecho que debemos tener presente y considerado, pero no me parece ético llamar a la paranoia bajo el pretexto de altos índices de piratería y pérdidas nacionales para recaudar más recursos para privados, sin ver como se soluciona.

Es importante considerar que ya el mencionado estudio genera dudas considerando que es estudio financiado por las mismas empresas (por tanto tiene intereses directos en cuanto a su contenido) y además se refiere a índices del año 2008, sin mencionar que informes de la BSA han sido cuestionadas con anterioridad (incluso criticadas por The Economist su seriedad por faltar a la verdad), sobre todo por la forma de obtener los resultados.

Y en nuestro país también han existido otras respuestas a este «movimiento» pro-legalidad del software (comercial).

Es así como economistas como Francisco Meneses (con quien hemos hablado sobre este tema y se muestra preocupado sobre estas opiniones), comenta desde el punto de vista de costos y valores sus dudas respecto al estudio en una carta enviada a LT.

Fernando J. Fernández-Acevedo también opina al respecto en una interesante columna del ICDT.

Finalmente tenemos opiniones ciudadanas como las de Patricio Bahamondes y Patricio Silva, las que demuestran que el tema de software y su licenciamiento va más allá de simples números y porcentajes.

Pero finalizo con la misma observación planteada a Raúl Sapunar… ¿por qué no atacar la piratería fomentando el uso de software libre entre ciudadanos, empresas y administración pública (lo que sería legalmente válido) y aplicamos correctamente el principio de Neutralidad Tecnológica sobre todo en el Estado?

Claramente de esta forma estaremos a la par de los índices de piratería del software de países del OCDE donde el software libre es una realidad presente y difundida.

Foto torchondo