A la espera de la nueva Ley de Propiedad Intelectual

Tal como lo habíamos comentado, este jueves 1 de octubre asistí a la conversación que se realizó en instalaciones de TVN a un webinar donde hablamos del proyecto de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual y conversamos sobre la polémica denuncia realizada por el diputado Arenas respecto a la posible censura en Internet que se generaba en el proyecto ya aprobado por el senado.

Agradezco la invitación realizada y en donde clarificamos la situación que se generó (por lo que los invito a ver toda la entrevista), en donde, la polémica se da por la “interpretación” que se puede dar a 5 artículos de un proyecto que cuenta con 2 años de discusión y que incluye muchos otros artículos que son beneficiosos para los “consumidores culturales”, donde se agregan excepciones para discapacitados, bibliotecas, fotocopias, traducciones y ciertos “usos justitos” adecuados a determinadas hipótesis.

Por lo mismo y coincidiendo con muchas opiniones que me han comentado sobre la gran cantidad de información (y desinformación) que ha existido al respecto, lo ideal es entender el contexto y el problema técnico que se ha suscitado.

El contexto es que finalmente el proyecto en casi su totalidad ha sido aprobado por ambas cámaras y solo existe controversia por 5 artículos que hablan sobre responsabilidad de las ISP. El tema será debatido en una comisión mixta de diputados y senadores y es vital estar atento a lo que se resuelva.

Justamente los artículos cuestionados fijaban una limitación de responsabilidad de las ISP por conducta de usuarios y permitía que por orden judicial bloquearan cierto contenido de ciertos usuarios. Sin embargo el problema radicó en que se dio una cierta libertad frente a determinados casos para que unilateralmente las ISP bloquearan contenido.

El REAL problema técnico es que podría darse una nueva oportunidad a entidades de gestión como la SCD que buscarán determinar una responsabilidad objetiva de Proveedores de Acceso a Internet (ISP) para exigir una contraprestación o parte de las ganancias de las ISP para entidades PRIVADAS de artistas. Lo que es llamado el “canon digital”. O como otros postulan, una “copia privada” con compensación a artistas, que es lo mismo.

Y esto último no es paranoia. De hecho, el ex Director de la SCD, el abogado Santiago Schuster (quien renunció al cargo tras la polémica por el tener la SCD computadores con software pirateado), ya expresaba su opinión respecto a las ISP y lo que “supuestamente” hacen los usuarios con la banda ancha:

“Las industrias de las telecomunicaciones han obtenido enormes ganancias gracias a la banda ancha, cuya única justificación es la transferencia de música, video, imágenes, sin ninguna participación para los artistas”.

“Si  necesito correo electrónico no necesito banda ancha, me basta la línea del teléfono.  Si quiero “chatear” tampoco necesito la banda ancha,  me basta la línea telefónica, pero si quiero transferir un archivo de audio o un archivo de imágenes en movimiento, naturalmente  necesito la banda ancha.”

Y ahora, su hijo, Felipe Schuster, quien es miembro de la SCD, sigue explícitamente mencionando su idea del canon que afectaría a TODOS los internautas (e incluso va más allá con sus “suposiciones”). Una imagen vale más que mil palabras

Finalmente, leyendo un artículo aparecido en el diario El Mostrador, veo Rodrigo Velazco, abogado del prestigioso staff Alesandri & Cía, critica abiertamente el proyecto de ley de Propiedad Intelectual, la tramitación que se ha dado y los alcances del mismo.
Pero va más allá cuando señala:

en Chile la notificación al sitio web debe hacerse a través de un procedimiento judicial, lo que desde ya hace vaticinar que desde que se suba la copia pirata de la última película del Rumpi, hasta que efectivamente logre ser bajada, habrá sido descargada miles o millones de veces. Casi una garantía para alojar obras piratas en sitios chilenos.

Del otro, la confusa e irresponsable defensa de los «usuarios todos», que algunos parlamentarios han pretendido esgrimir, en conjunto con organizaciones de «liberalización» digital y en conveniente tono electoral, diciendo que esta ley autorizaría a las empresas de Internet a espiarnos y bloquear arbitrariamente cualquier contenido que no les parezca.

O sea, por un lado critica abiertamente que en Chile se fije un bloqueo de contenido previa orden judicial (para él lo ideal es una simple comunicación privada, con el nivel de arbitrariedad que ello conlleva) y por otro lado critica el acción de los movimiento ciudadanos como Liberación Digital, en donde hemos aportado gratuitamente con tiempo, experticia, debate y altura de miras en la discusión del proyecto en defensa de todos los ciudadanos, y lo lleva a un nivel de confusos e irresponsable.

Lo siento por Rodrigo (a quien conocí personalmente en un debate organizado por escuelas de Rock en DUOC Valpo), pero el que quiere confundir parece que es él, a no mencionar que además de abogado, tiene INTERES directo al ser miembro también de la SCD. Ese pequeño detalle también es importante al dar lectura a su artículo.

Estaremos atento, por tanto, a la evolución de la normativa.