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Actualmente se encuentra en discusión en el senado (específicamente en la comisión de Economía), el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín 8466-07) que, tal como lo indica su nombre, modifica la ley N° 19.799 que es del año 2002 y que en el año 2007 tuvo una pequeña modificación.
Lo interesante del proyecto es que modifica en bastantes aspectos la actual legislación respecto al uso de los documentos electrónicos y la utilización de firma electrónica, especialmente la firma digital avanzada.
Quizás muy pocas personas hayan escuchado hablar o leído sobre los prestadores de servicios de certificación y quizás mucho menos de la entidad acreditadora, por lo que podríamos explicar bajo que contexto son conocidas estas instituciones.
Es importante considerar que, según la Ley N° 19.799 sobre documento y firma electrónica, en su artículo 11, define los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC), señalando:
Art. 11.- Son prestadores de servicios de certificación las personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.
Los PSC, por tanto, cumplen una labor de generar certificados de firma electrónica, que permiten acreditar, total o parcialmente, el vínculo entre el que utiliza una firma digital o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica analizada.
La campaña #YoPesco es una iniciativa que nace con la idea de evidenciar el rechazo al polémico proyecto de ley de pesca que es impulsado por el Gobierno y que se encuentra en discusión en el Senado.
Para socializar aún más sus postulados, informar sobre el estado del proyecto y parlamentarios que apoyan o rechazan la iniciativa, han utilizado especialmente twitter como red de comunicación.
Sin hacer referencia a su contenido ni valoración respecto al proyecto mismo, sí hemos observar un extraño comportamiento de Twitter especialmente con las cuentas que la campaña ha tenido asociados.
El proyecto de ley de Televisión Digital, actualmente se encuentra en el senado, luego de haber estado varios años en la Cámara de Diputados, será la que regule finalmente como será la nueva forma de ver televisión, al menos por los próximos 30 años.
Mientras los canales argumentan para sacar una ley que los favorezca, y otros presionan para apurar la aprobación del proyecto “antes del apagón analógico”, la ONG Meta lanzó una campaña que busca informar a los ciudadanos de lo que está pasando con el proyecto, algo necesario considerando que el 42% de los chilenos encuestados recientemente por Adimark dice no saber nada del tema.
A partir del 19 de abril recién pasado y hasta el día 10 de mayo, se encuentra abierta en la página web del Ministerio de Economía la Consulta Ciudadana con motivo de un Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma y que será remitido por el ejecutivo al Congreso Nacional una vez realizada la consulta y realizar eventuales cambios a texto propuesto.
La Consulta Ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana contemplada en el artículo 73 de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que opera como un espacio para invitar a las personas a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública.
Luego de que el proyecto de ley Boletín Nº 4991-15 quedara en manos de comisión mixta entre diputados y senadores para la definición de un texto común, dicha comisión llegó a un acuerdo respecto a varias normas que no habían sido aprobadas y por tramitación legislativa, el texto debía volver a la cámara de Diputados y al Senado para su aprobación o eventual rechazo y en tal caso, dichas normas no figurarían en proyecto final a despachar por el congreso.
Sin embargo, siguiendo la lógica hace un par de semanas atrás la Cámara de Diputados por amplia mayoría (102 votos a favor, 2 contra y 5 abstenciones), aprobó el informe de comisión mixta y pasó al senado para su vista.