Si te vas a pensionar… ¡ cuida tus datos personales !

fotoAFPAcabo de ver con gran sorpresa en el diario de la farándula nacional (léase LUN) , un anuncio que me ha dejado pasmado. Se titula “LAS AFPS INFORMAN A SUS AFILIADOS”.
Continúa el informativo :”Si ud. tiene derecho a pensionarse, sus datos personales será incluidos en un listado público, salvo que solicite ser excluído.”
Para los que no conocen este famoso “Listado Público”, es una lista que contiene los datos personales más íntimos de una persona, como son nombre completo, fecha de nacimiento, rut, sexo, domicilio, características de los beneficiarios, saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual y monto y fecha de emisión del Bono de Reconocimiento (si lo tuviere) y para peor, este Listado Público está disponible para ser consultado por las Compañías de Seguros de Vida, los Corredores de Seguros y las AFP para ofrecer pensiones a través del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP).

En la práctica, se realiza con esta exposición pública de los datos personales de individuos a punto de pensionarse, una vil entrega (y venta) de dichos datos personales al mejor postor, quien puede, a su vez, con esos datos, realizar estudios de mercados, índices geográficos-poblacionales-socioculturales-educacionales, estudios de accidentabilidad, muestras de nuevos mercados emergentes, obtener base de datos para publicidad distinta a las relativas a cotizaciones, análisis y muestras virtuales , porcentajes y número de población afecta a ciertas enfermedades, determinación del sueldo e índice de endeudamiento de los próximos jubilados, determinación física de grupos económicos emergentes… en fin… un festín para los grandes intereses económicos que ven en esta base de datos una forma “legal” de obtención de información privilegiada.
Nuestra ley de protección a los datos personales (SÍ!!! realmente existe una!!) la ley Nº 19.628 señala en su Artículo 4.-” El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.
La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.
La autorización debe constar por escrito.
La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse
por escrito.”

Desde el punto de vista legal, los dueños de las AFP, los muy bien llamados ““ladrones de cuello y corbatala saben hacer. Eso porque una ley especial (el D.L.3500, que fue modificado en el año 2004 justamente en este punto que crea esta “lista pública” según el art. 72 bis) autoriza este acto y por lo mismo, notificarán por correos en los domicilios registrados en las AFP de esta acción de liberalidad de datos personales y los afiliados tendrán un plazo de 30 días desde la notificación para solicitar por escrito su exclusión del listado. Si no se niegan POR ESCRITO a la AFP, sus datos pasarán automáticamente a este listado público.
Así que ojo!, oreja! esternón! huachalomo!… no permita que SU PRIVACIDAD quede entregada en manos de empresas externas, que no dudarán en usar sus datos personales para tratar de sacar el máximo provecho económico, perjudicándolo absolutamente, porque su identidad, la de su familia, sus recursos y su vida estarán disponible y corriendo de base de datos en base de datos sin su autorización y control. Y no se asombre si el día de mañana le llega un saludo de cumpleaños de alguna empresa (chilena o extranjera), lo llame por teléfono una grabación individualizándolo completamente, se llene su casilla de correos con publicidad de tiempo compartido, vacaciones soñadas, inversiones, apertura de cuentas corrientes, entrega de tarjetas de crédito o peor aun, el día de su muerte, sus familiares reciban ese mismo fatal día, oferta de empresas fúnebres.
¿Podría decirse que nuestra legislación actual ampara los datos personales? Claramente es un intento mal gestado que intenta su defensa y protección, pero ante la maquinaria de los grandes intereses económicos se crean “puertas traseras legales” que legitimizan una conducta moralmente incorrecta.

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